Aplicarle a todos el mismo cuestionario es caro y, a la vez, insuficiente. Al cliente de riesgo bajo lo estorbas; al de riesgo alto no lo conoces. La debida diligencia por niveles resuelve las dos cosas al mismo tiempo.
El nivel lo determina el riesgo, y el nivel determina qué se pide, qué se verifica y quién tiene que aprobarlo.
Simplificada, estándar y reforzada. Cada nivel trae su propio checklist documental, su cuestionario y su alcance de screening. Subir de nivel no es pedir más papeles al azar: es un procedimiento distinto y documentado.
El mismo motor cubre KYC, KYS y KYE. Los expedientes de empleados viven detrás de un permiso separado, porque manejan datos personales de personas que no son contrapartes comerciales y la ley obliga a acotar quién los ve.
Un portal con la marca de tu empresa donde el cliente o el proveedor ve exactamente qué le pide su expediente y lo carga él mismo, con aviso automático al responsable cuando lo hace.
Lo que el cliente declaró que iba a operar se compara contra lo que realmente operó. Cuando la desviación rebasa el porcentaje que definiste, la plataforma avisa: esa brecha es precisamente la señal que la debida diligencia existe para detectar.
Los casos de riesgo alto pasan por un flujo de aprobación escalonado, no por una firma al final. Cada paso queda con su aprobador, su fecha y su comentario, que es lo que convierte una decisión en una decisión defendible.
Sobre el cliente, proveedor o empleado, con su origen identificado. El nivel inicial sale del riesgo que se le calculó.
Checklist documental y cuestionario propios del nivel. Lo que falta se ve en la ficha, no en la cabeza de quien la abrió.
Sube sus documentos y actualiza sus datos. El responsable recibe el aviso y valida sin perseguir a nadie por correo.
El expediente tiene vigencia. El centro de alertas avisa cuando toca actualizarlo, y el perfil declarado se sigue cotejando contra la operación real.
Para quien realiza actividades vulnerables, la debida diligencia es una obligación expresa de la LFPIORPI y se integra al expediente de identificación. Para el resto de las empresas es otra cosa: es la única forma razonable de no terminar contratando a un proveedor simulado, de no cobrarle a un cliente que aparece en una lista de sanciones y de poder demostrar que se actuó con cuidado.
La diferencia entre las dos situaciones es quién te la pide. La diferencia entre hacerla bien y hacerla mal es la misma en ambos casos: si el expediente se armó antes de la relación o después del problema.
Este módulo administra el proceso; la valoración de cada expediente y la decisión de aceptar o rechazar a una contraparte son de tu empresa.
Constancia es una herramienta tecnológica de apoyo. No constituye ni sustituye asesoría legal, fiscal, laboral o regulatoria, y su uso por sí mismo no garantiza el cumplimiento de obligaciones legales específicas.
El nivel determina qué se pide y qué se verifica. La simplificada aplica a contrapartes de riesgo bajo y se limita a la identificación esencial. La estándar es el procedimiento ordinario, con checklist documental y cuestionario completos. La reforzada aplica a los casos de riesgo alto y añade un flujo de aprobación por pasos, un alcance mayor de screening y el cotejo del perfil transaccional declarado contra las operaciones reales. Los tres niveles son configurables por cada empresa.
No. Los expedientes de empleados están detrás de un permiso separado del de clientes y proveedores, precisamente porque contienen datos personales de personas que no son contrapartes comerciales. Quien administra la debida diligencia de proveedores no ve por ello los expedientes del personal.
Al abrir el expediente, la contraparte declara qué tipo y qué volumen de operaciones espera tener. La plataforma compara después esa declaración contra las operaciones efectivamente registradas y avisa cuando la desviación rebasa el porcentaje que la empresa definió como aceptable. Esa brecha entre lo declarado y lo real es una de las señales más útiles que produce la debida diligencia.
Con su flujo de aprobación, su portal y la alerta que se dispara cuando la operación real no se parece a la declarada.